El Gobierno Nacional ha desatado una fuerte polémica al anunciar que un tercio de los beneficiarios de pensiones por invalidez podrían perder este derecho. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo justifica la medida alegando «irregularidades» en la entrega de estas pensiones durante la gestión anterior. Sin embargo, organizaciones sociales y expertos denuncian que el proceso de auditoría está plagado de fallas y falta de transparencia.
Uno de los puntos más críticos es que casi la mitad de los beneficiarios auditados nunca recibió la notificación para evaluarse, debido a problemas administrativos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esto ha dejado a miles de personas en un limbo, sin posibilidad de presentar la documentación requerida para mantener su pensión. A pesar de ello, el Gobierno planea suspender los pagos, lo que ha generado indignación en diversos sectores.
El impacto de esta medida es alarmante. Se estima que alrededor de 400 mil personas podrían perder su pensión, lo que representa un ahorro de $900 mil millones para las arcas del Estado, pero a un costo social incalculable. Las críticas apuntan a que esta decisión afecta directamente a los sectores más vulnerables, dejando a muchas personas con discapacidad sin su única fuente de ingresos.
En respuesta, la ONG Alapa, que apoya a pacientes con enfermedades poco frecuentes, ha presentado un recurso de amparo para frenar el proceso. La organización denuncia que esta medida «degrada la dignidad humana» y exige que se respeten los derechos de las personas con discapacidad.
El debate continúa mientras el Gobierno avanza con las auditorías, que abarcarán a más de 1,2 millones de beneficiarios en todo el país. La falta de notificaciones adecuadas y la opacidad del proceso han encendido las alarmas sobre la equidad y la justicia de esta medida.
